La Paz, Bolivia | 17 de abril de 2025 — La crisis política en Bolivia se intensifica tras la divulgación de una carta escrita desde prisión por el excomandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, en la que lanza graves acusaciones contra el presidente Luis Arce Catacora. El documento, enviado al periodista Rodrigo Lema de Fuerza Informativa Azteca (FIA), denuncia la existencia de un supuesto plan gubernamental para generar caos, eliminar opositores, manipular procesos electorales y perpetuarse en el poder.
Zúñiga, actualmente detenido por su participación en el fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024, asegura en la carta que dicho movimiento fue en realidad un “autogolpe” ordenado por el propio Arce, con el objetivo de fortalecer su imagen pública y justificar una eventual represión política.
«Arce me encomendó liderar un autogolpe: un plan perverso ideado para provocar derramamiento de sangre y pintar al gobierno como la víctima», se lee en la carta.
Según el excomandante, el plan incluía la entrega de armamento —mil rifles y la compra de cinco mil AK-47—, así como el entrenamiento de grupos de choque y la contratación de un extranjero para provocar violencia y sembrar el terror.
Asimismo, Zúñiga denuncia la llegada de un “grupo secreto de hackers” al país, presuntamente con el fin de vigilar a opositores, manipular el padrón electoral y asegurar un fraude electoral favorable al actual gobierno.
El exjefe militar también acusa al Ejecutivo de perseguir y buscar la eliminación de figuras clave de la oposición, incluyendo a Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y al propio Evo Morales, con quien Arce mantiene una tensa relación política.
Zúñiga menciona además a los denominados presos políticos, entre ellos Jeanine Áñez, Camacho y Marco Pumari, así como a policías y militares “leales”, quienes —según afirma— están siendo silenciados por conocer la verdad.
En el mismo documento, Zúñiga asegura que Arce mantendría reuniones secretas con Hugo Moldiz (exministro de Evo Morales) y su supuesto operador Fernando Rodríguez, quienes, según sus palabras, “manejan el país desde las sombras”. En dichas reuniones se habría autorizado a familiares y allegados del gobierno a lucrarse con recursos naturales del país, como el litio, la madera y la ganadería.
“Este gobierno empobrecedor solo se enriquece a costa del sufrimiento del pueblo”, escribió.
Zúñiga concluye la misiva expresando su temor por su integridad física y responsabilizando al gobierno de cualquier intento de silenciarlo. Pide la intervención de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos, denunciando que el régimen intentaría encubrir su muerte como un “suicidio” o “accidente”.
Hasta el momento, las autoridades bolivianas no han emitido una respuesta oficial a las acusaciones vertidas por el excomandante.
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